Las áreas de descanso de la AP-7 en Cataluña, colapsadas de camiones

El desvío obligatorio a camiones de la N-340 a la AP-7, que afecta a la circulación diaria de 4.000 vehículos pesados, está provocando problemas de saturación de aparcamiento en las tres áreas de descanso existentes en la autopista a su paso por Cataluña y la Comunidad Valenciana, lo que dificulta que los transportistas puedan hacer los descansos obligatorios.

Desde que, en septiembre de 2018, fueran aprobadas las restricciones a la circulación de camiones cuatro o más ejes por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y el sur de Barcelona, mediante la prohibición  de su circulación por las carreteras nacionales N-340 y N-240, más de 4.000 camiones son obligados cada día a circular por las autopistas de peaje AP-7, lo que afecta de manera negativa a la circulación de esta vía.

La obligación viene ocasionando, desde el primer día de puesta en marcha de estos desvíos, graves problemas de sobresaturación e inseguridad vial en las tres áreas de descanso existentes en dicho tramo de la autopista AP-7 (Benicarló, La Ribera y Baix Ebre) que, entre las tres, suman menos de 90 plazas de aparcamiento para camiones, lo que dificulta que los conductores puedan hacer los descansos que, por ley, están obligados a realizar cada cuatro horas.

Pese a las protestas de las asociaciones de transporte, tanto a la Dirección General de Tráfico como al Servei de Transit de Cataluña, ambos organismos siguen rechazando la posibilidad de que los transportistas puedan abandonar la autopista de peaje hacia la carretera nacional para hacer sus repostajes, avituallamiento o descanso, ya que, en ambos casos, les obligan a retroceder e incorporarse por la misma salida de la autopista, con la consiguiente pérdida de tiempo de duplicación de kilómetros recorridos.

El sector del transporte está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia estime la demanda presentada contra los desvíos a camiones a las autopistas de peaje y que, en consecuencia, sean sustituidos por desvíos voluntarios incentivados económicamente, como así se establecieron en 2015.