La creación del Ministerio de Transportes atiende la demanda histórica de un sector con retos inaplazables

La creación del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que supone la desaparición del Ministerio de Fomento, y a cuyo frente se va a situar José Luis Ábalos, actual ministro de Fomento y uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone dar una respuesta favorable a una de las grandes demandas históricas del sector español del transporte.

La inclusión en la denominación del ministerio del término «transporte» debe servir, o al menos esa es la esperanza del sector, para que esta actividad ocupe un lugar de mayor relevancia en la estrategia del Gobierno. Desde el mundo asociativo español del transporte de mercancías por carretera no se ha dejado pasar la ocasión, una y otra vez, especialmente en los últimos meses, para insistir en la consideración de su labor como estratégica para la economía nacional.

Movilidad frente a infraestructuras
Fue en la pasada edición de la Asamblea General de Astic, celebrada en Granada el pasado 14 de junio, cuando la secretaria general de Transporte, María José Rallo, ya avanzó la creación del nuevo Ministerio de Transporte, en cuyo cometido figurará una mayor atención a la movilidad frente a la focalización en el ámbito de la inversión en infraestructuras.

«El cambio de nombre del ministerio no es una cuestión estética, queremos que suponga un cambio cultural en la propia organización del ministerio», explicaba ya entonces la secretaria general de Transporte, para concretar que desde el ministerio se trabajaba ya en una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que pretende ser una estrategia transversal a diferentes ministerios además del de Transporte, como el de Transición Ecológica, el de Industria y el de Interior. Y que afecta a todas las Administraciones, desde el Estado hasta las autonómicas y locales.

Entre los grandes retos a los que debe enfrentarse el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana figura el abordar de forma global los crecientes planes para restringir el acceso con vehículo a las grandes ciudades, los cuales hasta el momento están dependiendo de forma exclusiva de los ayuntamientos para mayor confusión y falta de criterios unificados de cara a los usuarios de las vías, entre los que aparecen de forma preferente los transportistas.

Tampoco representan ningún secreto los planes del Gobierno para afrontar el reto de la financiación de las carreteras con la puesta en marcha del pago por uso, en mayor medida aún tras avanzar en los planes de liberación de autopistas de peaje que se están ejecutando de manera sucesiva y que supone que el mantenimiento de estas vías recae ya sobre los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier iniciativa en esta dirección se encontrará con la oposición frontal del sector del transporte, especialmente si el pago se pretende aplicar, cosa nada descartable, únicamente a los vehículos pesados.

Otro frente tiene que ver con el desarrollo y puesta en marcha de las medidas contenidas en el Paquete de Movilidad, aprobado el pasado mes de diciembre y que incluye medidas de calado para el funcionamiento del transporte de mercancías por carretera tanto a nivel nacional como europeo. Ante el posicionamiento en contra de esta nueva normativa por parte de algunos países del Este de Europa, el Ministerio de Transportes tendrá que optar por sumarse a los países que lideran la denominada Alianza por la Carretera o seguir manteniendo una posición muchas veces equidistante entre ambos bloques.

Desde La Moncloa han detallado ya las funciones de José Luis Ábalos al frente del nuevo ministerio, que mantendrá las competencias de vivienda. «El cambio de nombre se incluyó en el programa electoral del PSOE. Se trata de una reorientación de las políticas de infraestructuras del país. Las infraestructuras son el medio, el objetivo es la movilidad de las personas y las mercancías, una movilidad conectada, segura y sostenible. También supone homologarnos con esta denominación al resto de Europa y a la Comisión (consejos de ministros de Transportes o Comisaria de Transportes). Asimismo, se incorpora la Agenda Urbana a sus competencias, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y Europa. En este ámbito, se mantienen las competencias de vivienda, pero irá más allá. Es una apuesta por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de toda España», detallan en La Moncloa.