Fomento apuesta por el trasvase obligatorio de camiones a las autopistas de peaje

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha propuesto trasladar “de forma obligatoria” el tráfico pesado desde las carreteras convencionales hacia las autopistas de peaje. El titular de Fomento se ha referido concretamente al desvío de la circulación de camiones desde la N-232 hacia la AP-68 a su paso por La Rioja.

Según recogen agencias de noticias como Efe o Europa Press, tras reunirse en Logroño, De la Serna ha propuesto al presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, la adopción de un sistema similar al que se aplica en Cataluña para desviar el tráfico desde la N-II hasta la AP-7, en virtud del cual se bonifica la cuantía del peaje en un 50% (un 25% es aportado por Fomento y el otro 25% corre a cargo del Ejecutivo autonómico).

El desvío hacia la autopista de peaje es, en todo caso, obligatorio y ha reportado beneficios bien palpables en lo que a seguridad vial se refiere, como evidencia la “reducción del 75% de la siniestralidad en la N-2”. Ése es por sí mismo un argumento de peso para proponer esta misma fórmula en la N-232, que se caracteriza por el alto índice de accidentalidad que se da en esta vía.

Desde el Gobierno de La Rioja explican que tanto el ministro como el presidente autonómico se han comprometido a “mejorar la seguridad vial en la N-232 con medidas que se pondrán en marcha de manera inmediata y se concretan en el desvío obligatorio por la AP-68 del tráfico pesado, que tendrá bonificaciones en el precio de la autopista”.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno riojano, cuyo presidente se ha comprometido a enviar a Fomento una propuesta en la que “especificará el porcentaje de la bonificación y si es preciso realizar actuaciones puntuales para mejorar alguno de los accesos de la autopista en La Rioja”, señalan desde el propio Ejecutivo regional.

En cualquier caso, el desvío del tráfico pesado desde la N-232 hacia la AP-68 es una medida que requerirá no sólo el entendimiento entre la Administración autonómica y el Ministerio de Fomento, sino que también se precisará la colaboración tanto del Ministerio del Interior como de la empresa concesionaria de la autopista, Avasa, propiedad de Abertis.