El Parlamento Europeo aprueba la Euroviñeta a pesar de la oposición de España

Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo que Tuvo lugar en Estrasburgo el día 7 de Junio y tras un debate con alguna que otra sorpresa, ha sido aprobada la propuesta de Directiva Europea Euroviñeta, en su versión correspondiente al acuerdo obtenido por el trílogo –reunión informal de acercamiento de posturas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo- del 23 de mayo pasado. Durante el trílogo, las tres partes llegaron a un acuerdo sobre casi todos los puntos de fricción en relación a la Euroviñeta.

Durante el proceso legislativo, la CETM, Confederación Española de Transporte de Mercancías y el sector en su conjunto han contado con el apoyo del Gobierno en el Consejo y de los eurodiputados españoles, tanto en el periodo de enmiendas como en la votación final en el Parlamento.

Los 141 diputados que han votado en contra del acuerdo y las 17 abstenciones no han podido hacer valer su postura frente a los 505 que han votado a fa-vor.

En las próximas semanas, el Consejo de la UE habrá de validar definitiva-mente esta norma para que entre en vigor.

Entre quienes se han posicionado en contra se contaban las delegaciones socialista y popular de España, las delegaciones socialistas y popular de Italia, la mayoría de los eurodiputados irlandeses, la mayoría de los eurodiputados del grupo EFD (Europa de la Libertad y la Democracia [nacionalistas]), la mayoría de los no inscritos y parte de los socialistas rumanos

Entre las intervenciones contrarias al acuerdo la CETM, Confederación Española de Transporte de Mercancías destaca:

•Inés Ayala Sénder (S&D), cuyo grupo ha votado en contra por varios motivos. "Porque tras la crisis de los pepinos comprobamos que siempre pagan y hacen caja los mismos, y además, la reciente crisis alimentaria castiga aún más a los transportistas." Los socialistas españoles refrendaban esta postura con otros argumentos, como que “existe una carencia escandalosa de alternativas a la carretera y la Comisión está poniendo en duda la financiación del corredor prioritario de los Pirineos". En pleno debate, Inés Ayala Sénder ha llegado incluso a replicar a su compañero de filas, Saïd El Khadraoui (S&D), ponente parlamentario de este asunto.
 
•Luis de Grandes Pascual (PPE) comparte los argumentos de Inés Ayala, añadiendo que "la teoría de quien contamina paga, no es efectiva con la nueva Directiva Europea, pues los turismos no se someterán a los peajes y tarificaciones de la Euroviñeta". De Grandes ha señalado asimismo "la injusticia de que al menos el 85% de lo recaudado en el futuro en base a la regulación Euroviñeta lo podrá emplear cada Estado en las prioridades que más le convengan en dicho instante, sin tener que invertir las infraestructuras del transporte", suponiendo ello a sus ojos un riesgo claro de competencia desleal a favor de otros modos de transporte o de otros sectores productivos.
 
•Carlo Fidanza (PPE) ha reiterado que la Euroviñeta supone imponer una desventaja competitiva a los países periféricos como Italia, por lo que hizo un llamamiento expreso a que el Parlamento Europeo votara de modo que se desembocara en un Comité de Conciliación.
 
Entre quienes han votado a favor, sorprende la presencia de Los Verdes, quienes se habían manifestado de manera muy crítica con el acuerdo durante las reuniones de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo.

Los eurodiputados populares, socialistas, liberales y conservadores-reformistas de los países céntricos de la UE conforman el grueso del apoyo a esta nueva norma comunitaria, a los se les suma la mayoría de eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea por su claro apoyo a la transferencia modal hacia el tren. El liberal belga Dirk Sterckx ha llegado a afirmar que "si no se aprueba esta directiva habremos encallado para siempre el recién nacido Libro Blanco del Transporte".

Antes del otoño de 2011, si el Consejo da el visto bueno, la Comisión Europea comunicará a los Estados miembro la entrada en vigor de la presente Directiva Europea, fecha que abrirá el plazo de dos años que tendrán los miembros de la UE para adaptar su legislación nacional a esta norma.